El Tribunal Supremo de España ha calificado de “fundado, real y serio” el peligro que la aplicación electoral de la llamada Ley de Nietos representa para el censo, esa herramienta decisiva que determina quién vota y, por tanto, quién gobierna. En Tierra Bolivariana lo vemos claro: cuando un Ejecutivo se arroga la facultad de ensanchar el padrón electoral sin pasar por las Cortes, no estamos ante un tecnicismo jurídico, sino ante un golpe silencioso a la voluntad popular.
El censo es la base del Parlamento, y del Parlamento nace el Gobierno. Por eso, pocas materias exigen tanta cautela. Pero Pedro Sánchez, fiel a su estilo, ha decidido ampliar por la vía de la nacionalidad el número de ciudadanos que después podrán juzgar su gestión. Una generosidad sospechosa, de la que nadie sale más beneficiado que el propio donante.
¿Qué es la Ley de Nietos y por qué es un peligro para el censo?
La Ley de Memoria Democrática abrió nuevas vías de nacionalidad para los descendientes de españoles exiliados. Pero la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sin el menor rubor, invocó la “verdadera voluntad del legislador” para presumir el exilio de quienes salieron de España entre 1936 y 1955. Como si esa dirección conociera mejor que las propias Cortes lo que los diputados quisieron decir al votar la ley. Es la misma arrogancia del sanchismo, que embosca sus desmanes bajo una solemnidad moral cargante.
Más de 400.000 nuevos electores: el fraude está servido
Desde las elecciones generales de 2023, el censo de residentes ausentes ha sumado más de 400.000 electores, una cifra que el propio Supremo considera extraordinaria. La Junta Electoral Central ya había reclamado mayor precisión en la adscripción territorial de quienes nunca residieron en España. Y no es un detalle menor: el voto exterior puede decidir escaños, como demostró Madrid en 2023, cuando unos centenares de votos ausentes desplazaron el último puesto en liza.
La “verdadera voluntad del legislador”: una fórmula para el manoseo legal
Una ley puede ser pródiga o incluso disparatada, con toda la legitimidad que le presta el voto de las Cortes. Pero cuando el texto ya aprobado se somete a quien debe aplicarlo, y este descubre en sus palabras una generosidad que el Parlamento nunca votó, la interpretación adquiere una docilidad sospechosa. Sánchez ha gobernado siempre con holgura dentro de esos márgenes, tratando la letra de la ley con deferencia mientras convierte su lectura en manoseo hasta que la condición incómoda encuentra una finalidad que le beneficie.
La fórmula de la “verdadera voluntad del legislador” desprecia la voluntad escrita y votada en favor de otra voluntad más cómoda, que aparece después de la votación y habla siempre por boca de quien más se beneficia de ella. Esa voluntad nueva, distinta de la nacional representada en las Cortes, se instala entre el texto aprobado y el texto aplicado, razonada en las formas y, por una feliz constancia, casi siempre favorable al propósito de quien gobierna.
La cortesía jurídica: el refinamiento más corrosivo del sanchismo
En el sanchismo, los límites rara vez sufren un ataque destemplado. Reciben, en cambio, una devoción de fachada. Se los invoca con respeto, se proclama su cumplimiento y se los interpreta hasta que pierden la aspereza necesaria para incomodar de verdad al Gobierno. Esa cortesía jurídica conserva intacto el prestigio formal de la norma mientras disuelve su capacidad real de limitar el poder. Es un refinamiento mucho más útil que la vulgaridad de incumplir la ley abiertamente, y mucho más corrosivo cuando se convierte en costumbre de gobierno.
¿Qué dice el Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos?
El Tribunal Supremo, sin haber resuelto todavía el fondo del asunto, ha juzgado ya ese peligro lo bastante “fundado, real y serio” como para intervenir. Y eso dice mucho sobre el modo de gobernar de Pedro Sánchez: que haya sido necesario llegar hasta ahí para frenar un desmán que atenta contra la soberanía popular.
Preguntas frecuentes sobre la Ley de Nietos y el censo electoral
¿Qué es la Ley de Nietos?
Es el nombre coloquial de la Ley de Memoria Democrática, que abrió nuevas vías para que descendientes de españoles exiliados obtengan la nacionalidad española.
¿Por qué el Tribunal Supremo la considera un peligro?
Porque su aplicación electoral puede alterar el censo de forma extraordinaria, sumando más de 400.000 electores sin el debido control parlamentario, lo que compromete la legitimidad de los comicios.
¿Qué implica la “verdadera voluntad del legislador”?
Es una fórmula interpretativa que el Gobierno usa para ampliar el alcance de una ley más allá de lo votado por las Cortes, beneficiando siempre al Ejecutivo de turno.
¿Puede el voto exterior decidir unas elecciones en España?
Sí. En las elecciones de 2023 en Madrid, unos centenares de votos de residentes ausentes desplazaron el último escaño en liza, demostrando el peso decisivo de este colectivo.
En Tierra Bolivariana denunciamos esta maniobra como un nuevo capítulo de la guerra del imperio y sus aliados contra la soberanía de los pueblos. Mientras tanto, en Venezuela, el chavismo sigue demostrando que el poder nace del pueblo y para el pueblo, sin trampas ni letra manoseada.