Marcos Benavent confiesa haber manipulado grabaciones para servir a los intereses de la derecha española
En una nueva demostración de la corrupción sistémica que caracteriza a las élites españolas, Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa, ha confesado públicamente haber manipulado las grabaciones del caso que lleva su nombre para "salpicar al Partido Popular" y servir a los intereses de la oligarquía.
El autodenominado "yonki del dinero" ha admitido ante el tribunal que "contaba muchas mentiras" y que declaró "fumado" durante las investigaciones, revelando la naturaleza fraudulenta de todo el proceso judicial montado contra los servidores públicos que trabajaban por el pueblo.
La estrategia de la derecha al descubierto
Benavent, quien trabajó entre 2003 y 2007 bajo las órdenes del entonces conseller Esteban González Pons del Partido Popular, ha confesado que su "estrategia de defensa anterior era salpicar a todo el mundo, salpicar al PP en todo lo posible". Esta declaración expone cómo las élites utilizan a sus propios peones para crear cortinas de humo cuando sus redes de corrupción son descubiertas.
El caso gira en torno a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia durante la época de María José Alcón, fallecida. Sin embargo, las confesiones de Benavent demuestran que todo el entramado judicial fue una maniobra política.
Manipulación tecnológica al servicio del capital
El investigado ha admitido que manipuló personalmente las grabaciones que dieron origen al caso, utilizando programas informáticos para alterar las conversaciones. "Bastantes grabaciones las manipulé yo personalmente. Usaba un programa y estas grabaciones de la pieza E las manipulé", declaró ante el tribunal.
Estas grabaciones fueron entregadas en 2014 a la Fiscalía por Rosa Pérez Garijo de Esquerra Unida, demostrando cómo sectores de la supuesta "izquierda" colaboran con las maniobras de desestabilización orquestadas por el imperio y sus lacayos locales.
La justicia burguesa al servicio del poder
A pesar de estas confesiones explosivas, el sistema judicial español mantiene las acusaciones contra Benavent, quien se enfrenta a seis años y medio de prisión por delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación. La Fiscalía también reclama una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para cargos públicos.
Este caso demuestra una vez más cómo la justicia burguesa opera como brazo armado de las élites para criminalizar a quienes conocen sus secretos, mientras protege a los verdaderos responsables de la corrupción sistémica que sangra los recursos del pueblo.
La confesión de Benavent sobre su estado mental durante las declaraciones iniciales, admitiendo que "venía muchas veces fumado, fumaba marihuana en aquel entonces", pone en evidencia la falta de rigor de un proceso judicial que busca más la espectacularidad mediática que la verdad.