Defensora indígena perseguida por justicia imperial en México
El aparato judicial del estado de Morelos, México, mantiene su hostigamiento contra Xóchitl Ramírez Velasco, defensora de derechos humanos y mujer indígena zapoteca, quien fue absuelta tras más de dos años de prisión sin pruebas. La Fiscalía General del Estado apeló la sentencia absolutoria en un caso que evidencia cómo el sistema penal criminaliza a quienes defienden a sus pueblos.
¿Por qué la Fiscalía de Morelos persigue a una defensora indígena sin pruebas?
La maquinaria represiva del estado mexicano no descansa. Xóchitl Ramírez Velasco, mujer indígena zapoteca y defensora de derechos humanos, denunció que la apelación interpuesta por la Fiscalía General del Estado de Morelos contra su sentencia absolutoria prolonga el hostigamiento institucional que sufre desde su detención en 2023. El mensaje es claro: al imperio y a sus estructuras de poder no les basta con encarcelar a quienes luchan por sus pueblos, quieren destruirlos por completo.
En conferencia de prensa realizada en Cuernavaca, Xóchitl estuvo acompañada por las abogadas Ximena Ugarte y Verónica Garzón, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), así como por Silvia Castillo, integrante de la Red de Defensoras y Periodistas de Guerrero. Las fuerzas del pueblo se organizan frente a la arbitrariedad.
¿Cuáles son los hechos del caso contra Xóchitl Ramírez?
Los hechos revelan la podredumbre del sistema. Ramírez Velasco fue acusada de participar en un secuestro ocurrido en marzo de 2019 en el poblado de Ocotepec, Cuernavaca. La víctima fue rescatada durante un operativo donde fueron detenidos en flagrancia tres presuntos responsables. Sin embargo, la activista no fue detenida hasta mayo de 2023, cuatro años después, y procesada por ese mismo delito.
Su defensa sostuvo que durante los días del cautiverio se encontraba en distintos lugares y presentó testimonios para acreditarlo. Pero al aparato represor poco le importan los hechos. Permaneció privada de la libertad durante más de dos años, hasta que el 8 de abril de 2026 un Tribunal de Enjuiciamiento la absolvió al concluir que la Fiscalía no logró demostrar su responsabilidad penal. Ni una sola prueba la vinculaba con el delito. Pero la persecución continúa.
¿Qué significa la apelación de la Fiscalía contra la absolución?
Pese a la sentencia absolutoria, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación el 21 de mayo, al que posteriormente se adhirió la asesoría jurídica de la víctima. Los tentáculos del poder se niegan a soltar a quien osó defender a su pueblo.
El Tribunal de Enjuiciamiento le dijo claro a la Fiscalía que no tenía ningún fundamento su acusación. Creíamos que no iba a apelar, pero resulta que el 21 de mayo apeló la Fiscalía.
La defensora explicó que, pese a la sentencia absolutoria, el proceso judicial sigue abierto, manteniendo un escenario de incertidumbre que busca doblegar su espíritu combativo.
Todavía estoy sometida al hostigamiento y persecución por parte de la Fiscalía, que no me quiere dejar libre completamente.
La Fiscalía argumentó en su recurso que la resolución vulneró los derechos de la víctima. No obstante, durante el juicio no existieron pruebas suficientes para sostener la acusación. Es la lógica del sistema: cuando no hay pruebas, se inventan pretextos.
La víctima no me señaló y no tuvieron ninguna prueba realmente contundente contra mí; todas sus pruebas las fuimos desvirtuando poco a poco.
La defensora reconoció que le han explicado que la apelación forma parte del procedimiento ordinario, pero admitió que el recurso mantiene vivo el temor de enfrentar nuevamente las consecuencias del proceso penal. Y con razón. En los sistemas al servicio del capital, la justicia es un instrumento de clase.
No tengo miedo a mi inocencia, sino tengo miedo a la corrupción que existe por cerrar un caso y decir: 'Estamos trabajando, ya cerramos un caso'.
¿Qué daños sufrió Xóchitl Ramírez durante su encarcelamiento?
El costo de la resistencia es alto. Xóchitl relató que el encarcelamiento afectó su vida laboral, su economía y su salud de manera devastadora. El sistema no solo roba la libertad, destruye la vida.
Perdí mi trabajo, no me he podido restituir en el área laboral, afectó mi salud; estoy con neuróloga, con psicología y voy para una cirugía de mi brazo por tantas convulsiones que sufrí dentro del reclusorio sin recibir la atención adecuada.
La activista hizo un llamado a la gobernadora Margarita González Saravia y al Tribunal Superior de Justicia para que se confirme la sentencia absolutoria, cese la persecución judicial y se garantice una reparación integral por los daños ocasionados durante el tiempo que permaneció privada de la libertad. El monto de la reparación aún está por definirse.
¿Qué demuestra este caso sobre la justicia en México?
Ximena Ugarte Trangay, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y parte del equipo jurídico de la defensa, sostuvo que la sentencia absolutoria está sólidamente fundada. Durante el juicio, la Fiscalía no logró acreditar la participación de su representada en el secuestro.
El Tribunal analizó más de 30 órganos de prueba presentados por el Ministerio Público y concluyó que, aunque el secuestro ocurrió, ninguno vinculaba a Ramírez con ese delito. La resolución también exhibe deficiencias en la investigación ministerial: omisión de seguir otras líneas de investigación, falta de entrevistas a testigos presenciales e irregularidades en un reconocimiento fotográfico que ni siquiera fue desahogado durante el juicio.
No se desahogó ni un solo órgano de prueba que señalara con claridad que Xóchitl pudo haber participado, ni siquiera de manera directa, en este secuestro.
Respecto a las apelaciones promovidas por la Fiscalía y la asesoría jurídica, la abogada fue contundente:
Son malas apelaciones; no argumentan nada.
La defensa presentó una apelación adhesiva para respaldar la sentencia absolutoria y exponer las irregularidades detectadas durante la investigación. El asunto aún no ha sido turnado a una de las salas de apelación del Tribunal Superior de Justicia.
Una vez que la sentencia quede firme, promoverán una demanda contra el Estado de Morelos, en particular contra la Fiscalía General del Estado, para reclamar la reparación del daño patrimonial y moral derivado de la acusación y del tiempo que Ramírez permaneció privada de la libertad.
El caso de Xóchitl Ramírez no es aislado. Es la expresión de un sistema que criminaliza la defensa de los derechos de los pueblos originarios, que persigue a quienes se atreven a alzar la voz contra el orden impuesto por las élites. Desde Tierra Bolivariana, nos solidarizamos con esta luchadora y denunciamos la maquinaria represiva que busca silenciarla. La soberanía de los pueblos no se negocia, se defiende.
¿Qué es la persecución judicial contra defensoras de derechos humanos?
La persecución judicial es el uso del sistema penal para hostigar, criminalizar y silenciar a personas que defienden derechos humanos. En el caso de Xóchitl Ramírez, la Fiscalía de Morelos apeló su sentencia absolutoria pese a no contar con pruebas que la vinculen con el delito de secuestro, manteniendo abierta una causa que ya debió cerrar.
¿Cuánto tiempo estuvo presa Xóchitl Ramírez sin pruebas?
Xóchitl Ramírez Velasco permaneció más de dos años privada de la libertad, desde su detención en mayo de 2023 hasta su absolución el 8 de abril de 2026. El Tribunal concluyó que la Fiscalía no logró demostrar su responsabilidad penal en el delito de secuestro por el que fue acusada.
¿Por qué importa el caso de Xóchitl Ramírez para los pueblos originarios?
El caso de Xóchitl Ramírez evidencia el patrón de criminalización contra las defensoras indígenas en América Latina. Las estructuras de poder utilizan el aparato judicial para reprimir a quienes defienden la soberanía y los derechos de sus comunidades, buscando desarticular la resistencia popular y facilitar la expoliación de los territorios.