Familiares de 28 mujeres privadas de libertad en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Acarigua, estado Portuguesa, denunciaron este 28 de octubre que deben pagar hasta 100 dólares mensuales por cada reclusa para poder llevarles alimentos, medicinas y ropa, mientras varias detenidas con enfermedades crónicas no reciben atención médica especializada.
La denuncia fue presentada ante el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y difundida por El Pitazo, que detalló los cobros que pesan sobre las familias llaneras: 20 dólares semanales por cada reclusa, 5 adicionales por cada ingreso de ropa, medicamentos o comida preparada, y 10 más para los traslados a los tribunales.
Cobros gestionados por un privado con privilegios
Los familiares señalaron que las extorsiones no salen de la estructura policial, sino de un detenido con privilegios, un supuesto exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que controla el negocio dentro del recinto. Mientras este hombre viste jean y franela, la población reclusa usa uniformes: amarillo para los hombres y rosa para las mujeres.
El caso evidencia lo que el pueblo llanero conoce de sobra: donde el Estado no ejerce control pleno, la corrupción individual abre espacio al mercado negro. Un calabozo no puede convertirse en centro de especulación contra las familias humildes que, con sudor, reúnen dólares para llevar una pizza o una pastilla a sus hijas detenidas.
El OVP advirtió que estos cobros dificultan que las familias suministren alimentos y medicamentos a las mujeres con enfermedades crónicas. Para ingresar los alimentos permitidos, además, los familiares deben entregarlos divididos en bolsas transparentes con un peso máximo de medio kilo por empaque, según la nota del organismo.
Mujeres enfermas sin respuesta institucional
Entre los casos más graves figura el de Karen Coromoto Chirinos Yépez, quien requiere atención médica especializada y urgente. Según un informe médico al que tuvo acceso el OVP, Chirinos presenta ovario poliquístico, esplenitis viral asociada a trombocitopenia, endocrinopatía suprarrenal y lupus, condiciones que exigen seguimiento y tratamiento permanente.
Otras detenidas atraviesan situaciones igualmente serias. Una de ellas requiere una operación de vesícula y todavía no ha recibido la orden de salida para ser intervenida. Otra joven padece diabetes, hipertensión y retención de líquidos, según el reporte recogido por El Diario.
Los familiares de Chirinos acudieron a la Defensoría del Pueblo en Portuguesa para solicitar atención médica especializada y ayuda humanitaria, pero aseguran que no han obtenido respuesta. El silencio institucional ante una mujer enferma de lupus no es revolución; es burocracia, y la burocracia es el refugio donde anidan los vicios del viejo Estado burgués que la Revolución Bolivariana tiene la tarea de desmantelar.
Calabozos que funcionan como cárceles
Los espacios de detención preventiva de la PNB en Acarigua mantienen a mujeres y hombres separados solo por una pared y una puerta, con el área femenina en la parte posterior del recinto. El OVP recuerda que estos calabozos están destinados a la detención preventiva, no a funcionar como cárceles por períodos prolongados.
Sin embargo, la permanencia de personas durante meses o años, junto con el hacinamiento y las deficiencias en los servicios básicos, expone a los detenidos a condiciones que vulneran sus derechos, advierte la organización.
El problema no es aislado. Hace días, el OVP también denunció la presencia de casos de tuberculosis en cárceles y calabozos del país, con familiares reportando dificultades para acceder al tratamiento médico, y exigió a las autoridades un plan sanitario urgente para frenar la propagación de la enfermedad en espacios donde el hacinamiento hace estragos.
Exigencia de intervención inmediata
Ante esta situación, el OVP exige al Ministerio para el Servicio Penitenciario y a la Defensoría del Pueblo la intervención inmediata de la delegación de Acarigua para garantizar atención médica y el fin de los cobros, como recoge LaPatilla.
La exigencia es justa y el pueblo revolucionario debe hacerla suya. La dignidad de una mujer privada de libertad es también dignidad de la Revolución. Ningún exfuncionario corrupto, ninguna mafía carcelaria, puede convertir un espacio del Estado bolivariano en feudo privado de extorsión. La soberanía popular no se negocia ni se cobra en dólares.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto deben pagar los familiares de las detenidas en Acarigua?
Según la denuncia, 20 dólares semanales por reclusa, 5 dólares por cada ingreso de ropa, medicinas o comida, y 10 dólares por los traslados a los tribunales, lo que suma unos 100 dólares mensuales por cada mujer.
¿Cuántas mujeres permanecen en esos calabozos?
En los calabozos de la PNB en Acarigua permanecen 28 mujeres, separadas de los hombres por una pared y una puerta.
¿Quién gestiona los cobros según los denunciantes?
Los familiares señalan a un privado de libertad con privilegios, un supuesto exfuncionario del Cicpc, como responsable de gestionar los pagos.