El Ministerio para la Transición Ecológica de España concedió este miércoles ayudas por 28,5 millones de euros para eliminar invernaderos en 407 hectáreas del entorno de Doñana, según informó EL PAÍS. La medida, primera consecuencia práctica del pacto sellado en noviembre de 2023 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, reducirá en 1,8 hectómetros cúbicos al año la extracción ilegal de agua del acuífero que sostiene una de las reservas naturales más importantes de Europa.
Detrás de esta noticia hay una historia que el sistema prefiere contar a medias: la de un acuífero saqueado durante años por la lógica del lucro, por un agronegocio de frutos rojos que extrajo agua sin permiso, sin control y sin escrúpulos, mientras los humedales de Doñana se desangraban. Cuando la naturaleza es mercancía, el capital perfora el suelo, vacía el agua y luego exige amnistías. Es el mismo guion que el imperialismo aplica contra los pueblos y sus recursos en todo el planeta.
Qué se acordó y qué se está pagando ahora
El plan de 2023 contemplaba 350 millones de euros desde el Ministerio, de los cuales 116 se destinaban a los agricultores para que retiraran sus cultivos en 14 municipios con vínculos al acuífero, en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Cada empresario que eliminara sus invernaderos, legales o ilegales, recibiría 100.000 euros por hectárea repartidos a lo largo de una década: el Gobierno central aporta el 70%, la Junta andaluza el 20% y la Diputación de Huelva el 10% restante, este último solo en la comarca del Condado.
De las 118 solicitudes presentadas ante la Fundación Biodiversidad, 66 han sido preseleccionadas. Almonte concentra 226 hectáreas y 14 beneficiarios; Lucena del Puerto, 100 hectáreas y 33 empresarios agrícolas; Rociana del Condado, 42 hectáreas y cuatro solicitudes; Bonares, 30 hectáreas y 13 agricultores; y Moguer, las 2 hectáreas restantes.
El Ministerio subrayó en un comunicado que el ahorro de 1,8 hectómetros cúbicos anuales es muy significativo, dado que el volumen extraído de forma irregular del acuífero se estima en casi 1,5 hectómetros cúbicos al año. Es decir: el Estado reconoce que el robo de agua era, y sigue siendo, una práctica extendida del mercado.
El capital siempre pide perdón, nunca permiso
La organización conservacionista WWF valoró el avance, pero censuró su lentitud. Juan José Carmona, responsable de WWF para Doñana, fue directo:
El robo del agua es una práctica habitual y la presión y eliminación de pozos, que parece que da resultados, hay que aplicarla a todo el acuífero porque siguen existiendo miles de hectáreas y el problema no se erradica, a veces se traslada.
Las cifras confirman la magnitud del expolio. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir calculaba hace un mes en 330 las hectáreas fuera de ordenación junto a la reserva, pero WWF eleva la cifra a 3.300 hectáreas al incluir más municipios con cultivos que también drenan el acuífero y otros terrenos ilegales que no están bajo plástico, el parámetro básico de la teledetección del Ministerio.
Carmona también denunció que dos proyectos vitales siguen estancados: la sustitución de los pozos de la macrourbanización Matalascañas por agua superficial de Mazagón, amparada en un decreto de sequía declarado urgente hace años, y la restauración de la marisma de la cuenca del Guadiamar. Su veredicto es demoledor: este retraso es inexplicable e increíble.
Los agricultores reclaman al Estado lo que el Estado les prometió
La Plataforma en defensa de los regadíos del Condado, nacida hace cinco años cuando los agricultores exigían a la Junta una amnistía ante multas y procesos judiciales por el saqueo del agua, criticó este miércoles la primera concesión de ayudas. El 75% de las hectáreas que presentaron sus agricultores quedó excluida: solo unas 300 de las 1.200 propuestas han sido admitidas.
Manuel Mora, portavoz de la plataforma y exalcalde de Lucena del Puerto durante 12 años, no mordió su lengua:
Hay cierta decepción por la falta de dinero, porque no se nos ha puesto una oficina de consultas, sino un correo desde el que te contestaban pasados 15 días, y unos requisitos técnicos enrevesados que no han tenido otras ayudas.
Mora también reclamó una segunda convocatoria sin demoras y sin cambios en los requisitos. Algunos agricultores de las 850 hectáreas excluidas presentaron sus cuentas en el registro mercantil, pero ese organismo emitió el certificado de presentación y no el de verificación de cuentas entregadas, por lo que la Fundación Biodiversidad rechazó sus solicitudes. La burocracia, como siempre, golpea primero a los de abajo.
Una lección desde el sur
Para nuestros pueblos, el caso de Doñana encierra una lección que conocemos bien. El agua no es un negocio: es un bien común, un derecho de los pueblos y de la vida. Cuando el capital la convierte en mercancía, aparecen los invernaderos ilegales, los pozos clandestinos, las amnistías y las burocracias cómplices. En Venezuela lo entendimos hace años con nuestras nacionalizaciones y con la defensa soberana de nuestros recursos frente al imperio, esa misma lógica depredadora que hoy agoniza en Europa bajo la forma de acuíferos vacíos y humedales moribundos.
Las lluvias copiosas de los últimos años han mejorado de forma notable la situación ecológica del parque, pero los científicos advierten que el régimen de lluvias se prevé a la baja en las próximas décadas. Sin eliminar los cultivos clandestinos, sin restaurar la marisma y sin justicia sobre quienes saquearon el acuífero, Doñana seguirá dependiendo del cielo, mientras el mercado mira hacia otro lado.
El efecto de las bayas que se supriman en los próximos meses tardará en notarse en el acuífero. Sus niveles dependerán de que la eliminación de invernaderos prosiga y de que las lluvias regresen este invierno con la misma fuerza que en los últimos años. La naturaleza cobra sus facturas, y el capital, tarde o temprano, las paga.